La recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las descargas de aguas negras hacia el río Usumacinta demuestra el enorme problema que enfrenta Tabasco en materia ecológica y cómo el mantenimiento y la construcción de plantas de tratamiento se ha mantenido en el «olvido institucional».
Hugo Ireta Guzmán, activista de la Asociación Ecológica Santo Tomás, abundó en que ni siquiera hay información suficiente para determinar el estado que guardan las plantas de tratamiento en la entidad.
Mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registra 91 plantas -de las que al menos la mitad presenta deficiencias y 15 simplemente están «fuera de servicio»-, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) sólo cuenta con 52 plantas, aunque sólo ha emitido reportes de 33.
La comisión solicitó a la Conagua, el gobierno del estado y el municipio la construcción de una planta para el manejo de las aguas del drenaje; además solicitó emprender acciones para reparar el daño ambiental por las omisiones de los funcionarios.
Los organismos operadores, según este organismo, no han cumplido la normatividad oficial desde el año 2000, pues pese a lo dispuesto en las leyes se ha dejado de lado la inversión destinada a limpieza de ríos y lagunas, así como el tratamiento de residuos peligrosos para el medio ambiente y el agua.
«Desde el 2003 hemos venido señalando que las plantas de tratamiento son urgentes en la entidad. No hay un orden, los asentamientos humanos irregulares, los fraccionamientos y las empresas continúan descargando sus aguas negras en los ríos sin que ninguna autoridad asuma su responsabilidad», expresó.
Fuente: El Eraldo de Tabasco, 9 de octubre de 2011.
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