El servicio de agua potable en Bolivia y especialmente en Cochabamba, La Paz y El alto, ha sido siempre un problema complicado, pero que encontró solución –por lo menos en La Paz- gracias a la ayuda alemana que financió importantes proyectos de captación y tratamiento, y logró la reorganización de SAMAPA, asegura un artículo de JornadaNet.com.
En la última década del siglo XX cuando se entregó la administración al sector privado terminó la ayuda internacional y la empresa francesa que administraba «Aguas del Illimani SA», (AISA) impuso entonces altas tarifas que generaron protestas de la población y derivaron en su expulsión y en la creación de la Empresa Pública Social de Agua y saneamiento (EPSAS), que no solamente ha mantenido las tarifas altas, si no que ha entrado en una espiral de ineficiencia preocupante, que en este momento pone en riesgo la dotación agua a las ciudades La Paz y El Alto, agrega el artículo.
Además considera que « EPSAS fue formada en el año 2007, con injerencia política y manejada irresponsablemente. Solamente debía mantener las tarifas altas en la etapa de transición, pero desgraciadamente, se han prolongado hasta ahora ».
El artículo también agrega « Su ineficiencia llega al extremo que nadie quiere hacerse cargo del problema, el gobierno quiere desprenderse de EPSAS porque le representa una carga; la Municipalidad de La Paz se niega a hacerse cargo porque considera que es una institución en crisis y políticamente afectada, mientras los vecinos saben de los riesgos que está corriendo, porque al igual que se descuidaron las inversiones para electricidad, tampoco se ha hecho nada en los últimos seis años para ampliar o construir nuevas plantas de agua potable, y el crecimiento vegetativo de las ciudades más grandes del país, hace que ya en este momento exista un déficit ».
La ministra de Medio Ambiente y Agua, Mabel Monje argumenta que el tema del agua potable y alcantarillado corresponde a las competencias de los municipios, que son los llamados por ley para asumir esta responsabilidad.
JornadaNet.com recuerda que « debido a la resolución del contrato con la firma francesa Suez, que administraba AISA, el Estado tuvo que destinar 5,5 millones de dólares para la firma francesa, disponer recursos frescos por varios millones para la nueva empresa, y asumió las deudas dejadas por Aguas del Illimani, por 13,6 millones de dólares con el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) ». Por lo que « Así como en la creación, el directorio fue conformado los ministerios del Agua, Hacienda y de Planificación, hoy debe asumir su responsabilidad sobre los daños ocasionados ».
Fuente : JornadaNet.com, 6, diciembre 2011
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